POLÍTICA HÍDRICA ARICA Y PARINACOTA
La política hídrica regional en Arica y Parinacota es un instrumento público orientador que organiza la toma de decisiones y la acción coordinada del sector público, y sus actores, para enfrentar la crisis y las brechas hídricas, definiendo qué hacer, cómo hacerlo, con qué prioridades e inversiones, y con qué gobernanza e indicadores, en un horizonte de 30 años.
Su objetivo es contar con un instrumento que permita un desarrollo planificado del recurso hídrico, coordinar la acción pública regional, mejorar condiciones para decisiones estratégicas y desarrollo productivo, y asegurar la calidad del abastecimiento urbano para consumo humano, definiendo acciones e inversiones para el horizonte de evaluación.
01
Asegurar el Acceso al Agua y Consumo Humano: Equidad territorial y atención a sectores vulnerables. Garantizar que las ciudades (especialmente Arica) y las comunidades rurales tengan agua potable de calidad.
02
Cumplimiento de estándares sanitarios y ambientales: mejorar la calidad de las aguas.
03
Sostenibilidad y Protección de Ecosistemas: equilibrio usos demanda futura, recarga, y ecosistemas. Resguardar los bofedales y humedales de la precordillera y el altiplano, que son vitales para la biodiversidad y las comunidades indígenas.
04
Eficiencia en el Riego: Tecnificar la agricultura en los valles de Azapa, Lluta y Chaca y otros menores.
05
Gestión de riesgos: sequías, inundaciones, contaminación y cambio climático.
06
Nuevas Fuentes de Agua: Fomentar la inversión en desalinización de agua de mar y el tratamiento de aguas servidas para su reutilización.
Los propósitos finales de la Política Hídrica Regional se orientan a ordenar la acción pública y la coordinación entre actores, definiendo prioridades e inversiones de mediano y largo plazo:
Seguridad hídrica y resiliencia climática: fortalecer la capacidad regional para anticipar, resistir y recuperarse frente a sequías prolongadas y eventos extremos, asegurando disponibilidad y calidad del agua mediante una gestión integrada, monitoreo, obras y medidas de eficiencia.
Desarrollo económico sostenible: compatibilizar la competitividad de la agricultura y otras actividades con la sustentabilidad de acuíferos y ecosistemas, promoviendo eficiencia, tecnificación, reutilización, diversificación de fuentes y una cartera de inversiones priorizada que resguarde la base hídrica futura.
Equidad territorial y derecho efectivo de acceso: reducir brechas entre zonas urbanas, rurales y altoandinas, asegurando condiciones equivalentes de acceso, continuidad y calidad del servicio, con especial foco en localidades aisladas y sectores vulnerables, incorporando además el reconocimiento de usos y prácticas locales.
Paz social y gobernanza del agua: prevenir y gestionar conflictos entre usos (consumo humano, agricultura, minería, turismo, ecosistemas) mediante reglas claras, transparencia de información, participación vinculante a escala territorial (mesas), coordinación interinstitucional y un marco de decisiones basado en evidencia e indicadores verificables.